BOLETÍN TÉCNICO AÑO III – Nº 22 – 5 de julio de 2024

Propósito: Este decreto establece el procedimiento para la fijación del domicilio real de las personas mediante una declaración digital de domicilio. El Decreto reglamenta el artículo 51 de la Ley N° 19.996 de 3 de noviembre de 2021, rn coordinación con el Decreto N° 286/990 de 22 de junio de 1990, y el Decreto N° 160/022 de 23 de mayo de 2022. El Decreto determina: la declaración digital de domicilio tendrá los mismos efectos legales que la declaración presencial; que la AGESIC proporcionará el sistema de declaración digital, asegurando la autenticación de identidad y la verificación de la dirección; se establecerá un mecanismo de consulta de las declaraciones digitales para las entidades públicas, con el consentimiento de las personas. Además, se establece que la declaración puede realizarse presencialmente utilizando los mecanismos tradicionales, rediseñados por AGESIC. La declaración digital de domicilio no es obligatoria, respetando los derechos establecidos en la Ley N° 18.331. La vigencia de la declaración digital de domicilio se mantendrá hasta que se formule una nueva declaración, con una constancia digital válida por 30 días. AGESIC y el Ministerio del Interior implementarán procedimientos para incorporar domicilios en la base de datos de AGESIC. El Decreto N° 172/024 introduce un sistema digital para la declaración del domicilio, facilitando y modernizando el proceso para los ciudadanos y la administración pública, asegurando la autenticidad y validez de la información proporcionada. Fuente: Sitio Web IMPO.

Visto: el artículo 2° de la Ley N° 16.492, de 2 de junio de 1994, en la redacción dada por el artículo 362 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, y sus decretos reglamentarios.
Considerando: que persisten elementos de incertidumbre internacional, debido al actual escenario mundial y debido a que determinados productos se han visto más afectados por la menor demanda externa, resulta pertinente prorrogar hasta el 31 de mayo de 2025, lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 48/022, de 31 enero de 2022. Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2025, lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 48/022, de 31 de enero de 2022. Fuente: Sitio Web IMPO.

Visto: el sistema de actualización de los precios de los arrendamientos previstos por el Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, se decreta Fíjase el valor de la Unidad Reajustable (UR) correspondiente al mes de mayo de 2024, a utilizar a los efectos de lo dispuesto por el Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus modificativos en $ 1.725,24 (pesos uruguayos mil setecientos veinticinco con 24/100). Considerando el valor de la Unidad Reajustable (UR) precedentemente establecido y los correspondientes a los dos meses inmediatos anteriores, fijase el valor de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) del mes de mayo de 2024 en $ 1.721,60 (pesos uruguayos mil setecientos veintiuno con 60/100). El número índice correspondiente al Índice de Precios del Consumo asciende en el mes de mayo de 2024 a 107,95 (ciento siete con 95/100), sobre base octubre 2022=100. El coeficiente que se tendrá en cuenta para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el mes de junio de 2024 es de 1,0410 (uno con cuatrocientos diez diezmilésimos). Fuente: Sitio Web IMPO.

Visto: lo dispuesto por el Decreto N° 142/007, de 17 de abril de 2007;
Resultando: que el mencionado Decreto tiene por objeto aplicar medidas compensatorias a fin de obtener el cumplimiento del Laudo del Tribunal Permanente de Revisión, de fecha 20 de diciembre de 2005, recaído en la controversia con la República Argentina sobre "Prohibición de importación de Neumáticos Remoldeados Procedentes del Uruguay"; y que la República Argentina ha notificado la derogación de la Ley N° 25.626, de 8 de agosto de 2002, objeto de la controversia, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, de 21 de diciembre del 2023, dando cumplimiento a los laudos referidos. Se deroga el Decreto 142/007. Fuente: Sitio Web IMPO.

Reglamentar la Ley N° 20.273 del 24 de mayo de 2024, la cual establece asistencia otorgada por el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL) a los productores remitentes de leche.
La Ley N° 20.273 encomienda al FFDSAL otorgar asistencia a productores de leche que cumplan con los requisitos establecidos. Extensión de la Prestación Pecuniaria: Se extiende la vigencia de la prestación pecuniaria a los productores que aún no cancelaron su cuenta individual con el FFDSAL hasta un máximo de 36 meses.
El Decreto autoriza a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca a transferir hasta 6 millones de dólares del Fondo de Garantía para Deudas de Productores Lecheros (FGDPL) al FFDSAL para implementar la asistencia. Define los beneficiarios de la asistencia como productores que estén remitiendo leche, que hayan remitido hasta 1,095,000 litros en 2023 y cuyo principal ingreso provenga de la remisión de leche. Los beneficiarios deben presentar una Declaración Jurada indicando cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico. Obliga a las industrias procesadoras de leche a enviar una Declaración Jurada informando los RUTs de los productores remitentes. La Comisión Administradora Honoraria del FFDSAL establecerá el listado de beneficiarios y los montos a transferir, calculando la asistencia según lo establecido en la Ley N° 20.273. Extiende la vigencia de la prestación pecuniaria del FFDSAL hasta que los productores cancelen su cuenta personal, con un plazo máximo de 36 meses desde la fecha estipulada. Fuente: Sitio Web IMPO.

Se pone en conocimiento de las Empresas Aseguradoras que la información relativa a la Reserva de Siniestros Pendientes Ocurridos y No denunciados, cuyos requerimientos fueron establecidos en las Comunicación N°2022/170 y N°
2023/057, deberá remitirse dentro del plazo de 75 días corridos siguientes al cierre de cada trimestre, para el año 2024 y siguientes.
En particular, la información correspondiente al cierre del trimestre 31.03.2024
deberá remitirse hasta el 15.07.2024. Fuente: Sitio Web BCU.

Se pone en conocimiento del mercado que la Superintendencia de Servicios Financieros, adoptó con fecha 26 de junio de 2024 la siguiente resolución:

1. La Superintendencia de Servicios Financieros podrá comunicar a terceras instituciones distintas de las entidades integrantes del sistema financiero que así lo soliciten, la nómina de personas físicas y jurídicas sancionadascon suspensión de sus cuentas corrientes bancarias.
2. La solicitud deberá ser realizada por escrito y estar fundada en razones de interés general, como ser: la defensa del crédito, del consumo, la lealtad comercial u otro similar, asociadas al giro u objeto de actividad de quien lo solicite. Asimismo, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
   a. estar en el Registro de Firmas del Banco Central del Uruguay
   b. acreditar que cuenta con registro vigente en el Registro de Datos Personales que lleva la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales e incluya la inscripción de la base de datos para la que solicita acceso
   c. contar con un Código de Conducta para el tratamiento de datos inscriptos; y
   d. contar con certificado de estándares de calidad en materia de seguridad de la información; así como toda otra información requerida en el futuro para la autorización y el mantenimiento de su vigencia ante la URCDP
3. El cumplimiento de los requisitos referidos en el numeral anterior no obsta a que la Superintendencia de Servicios Financieros dicte resolución denegatoria de la solicitud formulada atendiendo a razones de mérito, oportunidad o conveniencia.
4. Establecer que tanto la forma de entrega como de recepción de la información a la que se hace mención en el numeral 1. será a través del Sistema de Envíos Centralizado (IDI). Fuente: Sitio Web BCU.

Se pone en conocimiento del mercado que, con fecha 28 de junio de 2024, la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó la siguiente resolución:
Establecer que el porcentaje λ a que refiere el artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero se mantendrá en 0,75% a partir del 1 de julio de 2025. Fuente: Sitio Web BCU.

El IPPN de Junio 2024, registra una variación mensual del 1,01%, una variación anual acumulada del 4,93%, y una variación acumulada en los últimos doce meses del 2,23%. Fuente: Sitio Web INE.

El IMS de mayo 2024 registró una variación mensual de -0,06%, acumulada en el año de 4,99% y en los últimos 12 meses de 7,96%. El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de mayo 2024 registró una variación mensual de -0,08%, acumulada en el año de 4,59% y en los últimos 12 meses de 7,82%. El Sector Privado del IMS presenta una variación mensual de 0,00%. El Sector Público del IMS presenta una variación mensual de -0,15% que se explica por las incidencias del “Gobiernos Central” (-0,15%), “Empresas Públicas” (-0,07%) y “Gobiernos Departamentales” (0,07%). El Índice Medio del Salario Real con Base Julio 2008 =100 presentó una variación mensual de -0,45%, producto de las variaciones del Sector Privado (-0,40%) y del Sector Público (-0,54%). Fuente: Sitio Web INE.

Se publican los valores expresados en $ pesos uruguayos de la Unidad Previsional para el período comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2024. Fuente: Sitio Web INE.

El presente documento técnico analiza en profundidad el fallo de la Sentencia Nº 11/020, de 03/02/2020 del TCA.

Dicho análisis, refiere a ¿qué se entiende por Institución de Enseñanza? y a la aplicación o no del Artículo 69 de la Constitución Nacional y el tratamiento tributario eventualmente aplicable. Haremos a continuación un “muy breve resumen” de lo expuesto en el documento.

Se deberá “leer y analizar en profundidad su contenido” para poder comprender y valorar el alcance del citado documento y poder apreciar la “calidad del análisis técnico” desarrollado en él sobre la Sentencia señalada.

El tratamiento tributario de las entidades educativas en Uruguay es uno de esos temas que han dado lugar a una jurisprudencia tan frondosa como zigzagueante por parte de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“el TCA”).

El punto de partida está dado por la Constitución, que en su Art. 69 que establece que las “instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza, estarán exoneradas de impuestos”. La norma pareciera ser bastante clara. Sin embargo, pocas veces un texto tan escueto ha ambientado tantas discusiones; y pocas veces ha transcurrido tanto tiempo sin que ellas hayan podido superarse de manera definitiva. Así, se ha discutido largamente qué significa “instituciones”, qué significa “cultural” y qué debe entenderse por “impuestos” en el marco de esta norma constitucional, por citar algunos de los temas más transitados en la jurisprudencia del TCA.

Algunas de estas cuestiones fueron discutidas por el Tribunal en el caso que hoy nos convoca, en ocasión de resolver una acción de nulidad planteada por una "empresa unipersonal” que giraba bajo el rubro “escuela de conducción”. El Banco de Previsión Social (“BPS”) había denegado al contribuyente la solicitud de exoneración de aportes patronales, ante lo cual el contribuyente promovió la correspondiente acción de nulidad.

En particular, el punto medular del litigio giró en torno al concepto de “institución educativa”: esto es, si debía entenderse que el contribuyente era o no una institución de enseñanza.

El TCA rechazó la demanda y terminó dando la razón al BPS, de cuyos argumentos se hizo eco. El Tribunal recordó en su sentencia que en el curso del procedimiento administrativo el BPS había solicitado al contribuyente la presentación de documentos varios: planilla de trabajo, descripción de infraestructura edilicia, lista de alumnos y de docentes, etc. Para atender la solicitud, la empresa unipersonal se había limitado a presentar una planilla de trabajo (de la cual no surgía empleado alguno), una lista de los alumnos, certificados del instructor y fotos de las localidades donde dicta las aulas teóricas.

El TCA entendió que esa documentación era insuficiente. Destacó que la documentación presentada no incluía ninguna propuesta educativa. Tampoco evidenciaba qué tipo de capacitación se ofrecía, cuál era su estructura organizativa, su método de enseñanza ni sus planes de estudio.

Todo lo cual llevó al TCA a concluir que el contribuyente no encuadraba en la noción de institución educativa , por cuanto no había logrado acreditar la existencia de una propuesta y de una estructura organizada para el cumplimiento de fines educativos, extremos estos que para el Tribunal resultaron decisivos al momento de resolver la cuestión. Tampoco había logrado demostrar -en opinión del TCA- que estuviéramos ante una institución , es decir, ante una organización con medios materiales y humanos para el cumplimiento de sus fines, con una estructura organizativa, y con bases metódicas.