1. Ajustes en créditos fiscales por reducción del IVA (Resolución DGI N° 545/2025).
La DGI modificó el contenido de los resguardos utilizados para comunicar créditos fiscales derivados de la reducción del IVA en servicios específicos (gastronomía, catering, arrendamiento turístico, vehículos sin chofer y ventas con medios electrónicos). Ahora, el detalle puede sustituirse por la liquidación efectuada por el administrador del medio de pago, siempre que esta contenga el detalle requerido. Esta medida tiene efecto retroactivo desde abril de 2024.
2. Cambios en régimen de retenciones (Resolución DGI N° 546/2025).
Se actualizaron las obligaciones operativas relacionadas con el régimen de retenciones del Decreto N° 94/002. Principalmente:
- Se mantiene la obligación de presentar declaración jurada en ciertas situaciones (inicio de actividades, cambios en condiciones).
- Exime de esta declaración a contribuyentes del grupo No CEDE para ventas a consumidores finales pagadas con medios electrónicos específicos y a organismos estatales.
- Modifica el momento en que se debe presentar esta declaración jurada, eliminando la presentación anual obligatoria y agregando la designación de nuevos responsables tributarios.
3. Reglamentación para servicios audiovisuales (Decreto N° 31/025).
Se reglamentaron aspectos de la Ley N° 20.383, regulando licencias para difusión audiovisual (televisión por suscripción y radiodifusión). Entre los puntos claves:
- Limitación del número de licencias que una persona puede tener.
- Condiciones para la transferencia de licencias.
- Renovaciones automáticas por 15 años si se cumplen requisitos.
- Horarios mínimos obligatorios de emisión.
- Accesibilidad obligatoria para personas con discapacidad auditiva o visual.
- Regulación sobre contenido publicitario y protección infantil.
- Supervisión por parte de URSEC con un régimen de sanciones.
Breves:
- Exoneración Tributaria para un nuevo insumo agropecuario (TSU – Tissue Sample Unit).
- Actualización de valores económicos como la UR, URA e IPC.
- Proyecto para incorporar intérpretes de lengua de señas en procesos judiciales.