Capítulo 1 - Tributaria

I) Impuesto al Patrimonio: Retenciones sobre saldos a fin de año

Introducción:
Aquellos activos que entidades no residentes mantengan con empresas locales están sujetos a retención del IP en cabeza de estas últimas. Es por este motivo que las mencionadas empresas deberán analizar los saldos pasivos con el exterior al 31 de diciembre de este año, para saber si deben pagar a la DGI las retenciones de IP que se generan sobre esos saldos. Es importante comentar que las retenciones de IP sobre los saldos pasivos a fin del año civil (al 31 de diciembre) son independientes del cierre del ejercicio fiscal de la empresa que debe efectuar la retención. Ambos eventos pueden o no ser coincidentes en el tiempo.

Sujetos a retención:
Quedan sujetos a la retención de IP ciertos pasivos que las empresas mantienen al 31 de diciembre con entidades no residentes, esto se debe a que los mismos constituyen activos del no residente en Uruguay. Entre los contribuyentes del IP figuran las personas físicas y jurídicas del exterior por los bienes que posean en el territorio uruguayo que no gocen de exoneración, cuya situación se determina al 31 de diciembre de cada año. Tratándose de personas jurídicas con establecimiento permanente (EP) en el país, será dicho EP quién debe computar esos activos. En los restantes casos, las normas han designado a ciertos sujetos responsables del pago del impuesto, entre los cuales figuran las entidades comprendidas en el IRAE que fueran deudoras de los sujetos pasivos antes mencionados que no actúen en el país por medio de EP. Como consecuencia de ello, los contribuyentes del IRAE deberán analizar los saldos pasivos (acreedores) con el exterior que mantengan al 31 de diciembre de cada año a los efectos de determinar si les corresponde tributar IP como responsables sobre los aludidos saldos, lo cual -como señalamos- es independiente de la fecha de cierre de ejercicio del sujeto designado como responsable, por lo cual todos los contribuyentes de IRAE -cualquiera sea su fecha de cierre- deberán hacer este análisis.

Situaciones de excepción:
Los agentes de retención designados deberán efectuar las retenciones de IP con relación a todos los pasivos que mantengan con entidades del exterior, con algunas excepciones: los saldos por préstamos y depósitos adquiridos a personas (físicas o jurídicas) domiciliadas en el exterior; los saldos de precios de importación de bienes; y los saldos correspondientes a acreedores de instrumentos financieros derivados.
Si bien los usuarios de zonas francas se encuentran exonerados de impuestos en calidad de contribuyentes, sí están obligados a realizar las referidas retenciones de IP en lo que respecta a los saldos que mantengan a fin de año con personas físicas y jurídicas domiciliadas en el exterior por conceptos no exonerados.

Tasas aplicables:
La tasa de la retención puede ser:
a) 1,5% en la generalidad de las personas jurídicas.
b) 3% en caso de que la entidad del exterior se encuentre domiciliada en un país o jurisdicción de baja o nula tributación (“BONT”). En el caso de retenciones de IP a personas físicas no residente, la tasa a aplicar será progresiva, considerándose un mínimo no imponible.

Eventual aplicación de un CDI:
Cabe agregar que, a los efectos de las retenciones de IP, resulta relevante analizar si se encuentra vigente un convenio para evitar la doble imposición (“CDI”) con el país de residencia de la entidad que mantiene el activo con la empresa local, ya que eventualmente pueden resultar aplicables las tasas que resulten de los convenios.

Declaración jurada y pago:
Finalmente, se debe tener presente que, si bien la determinación de la retención se realiza en función de los saldos al 31 de diciembre, el plazo para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto vence en el mes de mayo de 2025, atendiendo al cuadro general de vencimientos a ser publicado por la DGI.

II) Transporte terrestre de pasajeros en líneas regulares y taxímetro.

Introducción:
La Dirección General Impositiva (DGI) emitió la Resolución N° 3.01/2024, de 19 de diciembre de 2024, que prevé un régimen opcional -hasta el 31 de diciembre de 2025- para la documentación de operaciones de las empresas prestadoras de servicios de transporte terrestre colectivo de pasajeros a través de líneas regulares, así como quienes presten servicios de transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de taxímetro.

Transporte colectivo de pasajeros a través de líneas regulares.

La resolución establece que las empresas que utilicen máquinas expendedoras para la emisión de comprobantes de viaje (STM o similares), emitirán, utilizando la información obtenida de esos dispositivos, un comprobante global por todos los servicios que no hubieran sido previamente documentados, dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que comenzó a operar el sistema en ese día, y en esa unidad de transporte.

Si las empresas -siendo emisores electrónicos- no cuentan con máquinas expendedoras para la emisión de comprobantes de viaje (STM o similares), podrán documentar los servicios prestados por cada unidad en un comprobante global al finalizar el recorrido de cada una de ellas.

Asimismo, si interviene más de una empresa en la prestación de un mismo servicio y se efectúa posteriormente la asignación de los tramos que corresponde a cada una de ellas, se deberán efectuar, en función de la información recibida, los ajustes apropiados en la documentación de las operaciones, de la siguiente manera: i) la empresa que documentó la totalidad de los tramos realizará una nota de crédito de e-ticket ajustando sus ventas y emitirá e-tickets venta por cuenta ajena, por el importe de la venta que corresponde a cada una de las otras empresas: ii) la empresa que compartió tramos con la emisora del CFE, documentará en un recibo o en e-Facturas o e-Tickets -de acuerdo con lo previsto en el numeral 23º bis) de la Resolución de la DGI N° 798/2012- la diferencia generada en la cobranza luego de obtener la información.

Es de destacar que si la adquisición del servicio se hace en otras condiciones -diferentes a las mencionadas- los correspondientes CFE deberán emitirse en el momento de la adquisición.

Transporte terrestre de pasajeros en modalidad taxímetro:

Estos servicios se documentarán en un comprobante global al finalizar cada turno del vehículo excepto cuando el pasajero solicite el comprobante al finalizar el recorrido. En ese caso, se le emitirá el correspondiente CFE o un comprobante de contingencia.

Beneficios tributarios para empresas que presten servicios de vigilancia electrónica:

Mediante el Decreto N° 281/2024 (del 31 de octubre de 2024), el Gobierno declaró promovida dicha actividad al amparo de la denominada “Ley de Promoción de Inversiones” (N° 16.906). Los beneficios resultantes de dicha declaración estarán, sin embargo, sujetos a la aprobación de la Comisión de Aplicación (COMAP) del Ministerio de Economía y Finanzas, que –a estos efectos– recibirá el asesoramiento del Ministerio del Interior.

Así, recibirán ciertos beneficios (en materia de IRAE e IPAT) las inversiones que las referidas empresas realicen para adquirir equipos de procesamiento electrónico de datos y software. Ello siempre y cuando dichos equipos y software correspondan a la inversión inicial, necesaria y suficiente de la empresa. Como resultado, estarán excluidas del Decreto otras inversiones, como por ejemplo aquellas orientadas al mantenimiento/actualización del
referido software y la reposición de los referidos equipos.

Los beneficios fiscales son los siguientes:
(i) Exoneración de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. Dicha exoneración equivaldrá a un 100% del monto de dinero invertido para la adquisición de los referidos equipos/software, no pudiendo exceder el monto máximo de UI 12.000.000 (aproximadamente USD 1.650.000)

(ii) Exoneración de Impuesto al Patrimonio. Los equipos/software estarán exonerados por el término de su vida útil y serán considerados “activos gravados” a los efectos del cálculo de los pasivos.

Estos beneficios rigen sobre las inversiones que sean realizadas antes del 1° de julio de 2025.
Las empresas interesadas en beneficiarse de la aplicación del Decreto, deberán presentar la
correspondiente solicitud de exoneración ante la COMAP.

Más beneficios tributarios para extranjeros:

El Decreto N° 279/2024 (del 30 de octubre de 2024) dispuso que ciertos servicios estarán exonerados totalmente de IVA (siempre que el precio sea pagado mediante tarjeta –de débito
o crédito– emitida en el exterior o transferencia electrónica de fondos también provenientes del exterior.
Los servicios amparados en dicha exoneración son los siguientes:
(a) Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por:
(i) restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o
(ii) hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

(b) Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.

(c) Servicios para fiestas y eventos no incluidos en el literal (b) anterior.
(d) Servicios de arrendamiento de vehículos sin chofer.

La exoneración aplicará exclusivamente a dichos servicios prestados en el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 30 de abril de 2025 (inclusive).
No obstante, la mencionada exoneración beneficiará exclusivamente a los adquirentes de servicios que sean personas físicas no-residentes. No aplicará a las personas físicas residentes en Uruguay. Éstas seguirán rigiéndose por el Decreto N° 318/2021 (del 29 de setiembre de 2021), que prevé una reducción de apenas 9 (nueve) puntos porcentuales en la alícuota del IVA.

El 31 de diciembre y el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas:

El 31 de diciembre suele ser una fecha de celebración y reencuentro familiar. Pero la felicidad no puede ser total: los impuestos (incluido el Impuesto al Patrimonio) también golpean la puerta. Por eso es oportuno recordar que el Impuesto al Patrimonio (el “IPAT”) grava los activos que las personas físicas mantienen en Uruguay al 31 de diciembre de cada año. Los principales activos que inciden a efectos del IPAT son los inmuebles, automóviles, depósitos en bancos uruguayos y créditos o cuentas a cobrar con sociedades locales, incluidos los créditos que el accionista o director pudieren tener contra la sociedad de la cual fueren accionistas o directores. De ahí que en esta época del año sea frecuente que las sociedades procedan a la cancelación de ese tipo de pasivos, que no son deducibles para la sociedad uruguaya, así como también a la adquisición de activos exentos (ejemplo: bonos de tesoro o letras de tesorería del Estado uruguayo). El IPAT cuenta con un mínimo no imponible: solamente lo abonan las personas físicas que tengan un patrimonio fiscal superior a (aproximadamente) USD 140.000, importe que se duplica en caso que se opte por pagar dicho impuesto (junto al cónyuge) como núcleo familiar. En principio la tasa aplicable es del 0,1%.

Consultas de la DGI:

La Dirección General Impositiva (DGI) entiende que dicha cesión está gravada por IVA, no pudiendo beneficiarse de la exoneración que existe en favor de las cesiones de crédito. Una institución bancaria (el “Banco”) presentó una consulta vinculante a la DGI (N° 6.622). En ella, el Banco aclaraba que en ocasiones adquiere derechos de mejor postor (en remate judicial de bienes inmuebles pertenecientes a clientes deudores) y cede dichos derechos a terceros (a cambio de un precio), de manera de asegurarse una suma suficiente para cubrir aunque sea la mayor parte del crédito impago. El Banco adelantó su opinión respecto del tratamiento que debería recibir dicha cesión a los efectos del IVA. En dicho sentido, entendía que la cesión de derechos de mejor postor estaría incluida en la exoneración de cesiones de crédito prevista en el literal C del numeral 1 del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de la DGI. Para entender ello, el Banco argumentó que el concepto de “cesión de créditos” incluye la enajenación de cualesquiera derechos personales (en contraposición a los derechos reales) celebrada en el marco de una relación jurídica obligacional que permanece incambiada, con la excepción –claro está– de la transferencia de la titularidad de dichos derechos. La DGI no estuvo de acuerdo con dicha argumentación, llegando a la conclusión de que la cesión de derechos de mejor postor está gravada por IVA.
Ello porque la referida exoneración solo incluye aquellos negocios jurídicos traslativos del derecho a recibir una determinada suma de dinero, a diferencia de la cesión de derechos de mejor postor, que solo conlleva transferir el derecho a recibir la escritura judicial que otorga la titularidad de un inmueble ofrecido en garantía.

Plataforma de pagos para turistas brasileños: reducción de IVA:

La empresa que opera dicha plataforma (la “Empresa”) presentó una consulta ante la Dirección General Impositiva (la N° 6.618) preguntando sobre diversos aspectos (especialmente los beneficios aplicables a los efectos del IVA) vinculados con el tratamiento tributario de su operativa.
Dicha Empresa explicó que los comercios uruguayos contarán con un dispositivo que permitirá a los turistas brasileños (que hayan descargado la correspondiente aplicación en su
celular) escanear el código QR y efectivizar el pago. Entre tanto, la Empresa recibirá el importe correspondiente al precio de compra desde un banco del exterior. En definitiva, el turista brasileño realizaría el pago con su celular, proviniendo los fondos de una cuenta bancaria abierta en el exterior.
La DGI aclaró que el beneficio (de reducción de IVA previsto para determinados servicios turísticos, incluidos los gastronómicos) aplicaría en la medida que intervenga un adquirente o entidad de cobranza residente en Uruguay. Así la plataforma sería considerada como un medio de pago análogo a las tarjetas de débito y a los instrumentos de dinero electrónico.